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 Panamá y República Dominicana son algunos de los países que han implementado políticas de atención para las personas privadas de la libertad
Managüa, Mirada Latina.- “El hecho e ser privado de la libertad no significa estar privado del resto de los derechos que tiene un ser humano, como son el derecho a la atención médica, educación sexual y formal, orientada a su reinserción social, y la creación de políticas públicas enfocadas a la situación que se vive en los penales”, señaló José Villa del Castillo, asesor regional de las Naciones Unidas, durante el desarrollo de un foro sobre el VIH y la vida en las cárceles, en el marco del V Concasida.
En la sesión, que hizo parte de la agenda del V Concasida, también participaron Carlos Ramiro Contreras, Viceministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario de Guatemala; Freddy Sandi, Juez de Ejecución de la Pena de Costa Rica; Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, y; Guillermo Arroyo Muñoz, consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuento (ILANUD). Algunos comportamientos que facilitan la transmisión del virus en las cárceles son el uso de inyecciones contaminadas, tatuajes con equipos no esterilizados, actividades sexuales inseguras y violaciones o peleas entre las personas que se encuentran allí. Villa del Castillo dijo que esta situación demanda la creación de políticas públicas penitenciarias, mayor cantidad de recursos -tanto financieros como materiales-, evitar la sobrepoblación carcelaria e involucrar a las autoridades de salud para atender las actuales crisis sanitarias que aquejan a los centros penitenciarios en Centroamérica. Por su parte, el guatemalteco Carlos Ramiro Contreras reconoció que existen dificultades, pues las cifras sobre personas detenidas que viven con VIH no son confiables. Anunció que, por primera vez, se están organizando en Guatemala jornadas para abordar el tema del VIH en los sistemas penitenciarios de ese país.  A su turno, Rámón Custodio López habló de la importancia de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que viven con el virus. "Tienen derecho a una buena calidad de vida, a la salud, a la justicia pronta y oportuna, y a recibir cuidados paliativos", precisó. Además, propuso capacitar a la policía y a los miembros del ministerio público, a los jueces, a los miembros de las organizaciones sociaels, a defensores, a médicos y al personal pentienciario sobre este tema.
Entre tanto, Freddy Sandi reconoció que la temática del VIH no se incluye en las reunioes que realizan periódicamente los jueces de Costa Rica. "Esto debe llevarnos a replantear algunas acciones", manifestó. Panamá y República Dominicana son algunos de los países que han implementado políticas de atención para las personas privadas de la libertad como para el personal de seguridad de los centros de reclusión. Por otro lado, el experto señaló que los gobiernos deben tener en cuenta que una buena salud en la cárcel es sinónimo de buena salud pública. Hizo un llamado para dar respuestas a temas tales como la vulnerabilidad, la estigmatización y la discriminación. En este aspecto, es importante involucrar los sistemas nacionales de salud y a las autoridades gubernamentales a cargo de los sistemas penitenciarios, expresó.
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